Investigan a Bono y Pocero

El Tribunal de Cuentas abre expediente para investigar la relación entre Bono y El Pocero
El órgano fiscalizador inicia un procedimiento para depurar responsabilidades penales en el ‘caso Seseña’. Los socialistas quieren dar carpetazo al asunto en su tramitación parlamentaria el próximo día 20.
Aunque el recorrido parlamentario del caso Seseña que salpica al presidente del Congreso, José Bono, está llegando a su fin por voluntad expresa del Partido Socialista, no puede decirse lo mismo de la vía jurisdiccional que se sigue en el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador reveló ayer en la Cámara baja que su Comisión de Enjuiciamiento ha informado de la apertura de un procedimiento, inicialmente en fase de instrucción, para depurar responsabilidades tras los abusos detectados en la gestión urbanística del ayuntamiento toledano de Seseña entre los años 1996 y 2007.

Estas irregularidades, recogidas en un informe que se conoció el pasado año, fueron ayer expuestas en el Congreso en una presentación que no hizo el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez (alegó problemas de agenda al encontrarse en un evento en Rumanía), sino el responsable del departamento de Entidades Locales, Ramón Álvarez de Miranda. Preguntado por el senador del Partido Popular Juan Antonio de las Heras sobre si desde el órgano fiscalizador se van a depurar responsabilidades de quienes gobernaron Castilla-La Mancha durante 28 años –en alusión a José Bono y José María Barreda– permitiendo estos escándalos, Álvarez de Miranda indicó los pasos recién dados. Según explicó, después de que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado apreciasen “suficientes indicios de responsabilidad” y solicitaran que se remitieran los antecedentes a la Comisión de Enjuiciamiento, esta ha optado por abrir una investigación más exhaustiva sobre posibles delitos penales de los implicados. La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por Bono hasta 2004 y por Barreda hasta el pasado mayo, subraya el tribunal, “debió ejercitar, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga”. “De haberse practicado adecuadamente” tales obligaciones, concluye el texto, “podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planteamiento no justificadas en el interés general”.